La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas ha tenido como objetivo visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género, a través del compromiso explícito del Estado de revertir las desigualdades presentes en la sociedad; asimismo, transformar las relaciones de género. La incorporación del enfoque de género en las políticas públicas ha sido identificada, también, como una estrategia para incrementar la eficacia y eficiencia de las mismas; construir políticas públicas más equitativas y mejorar su focalización; promover la participación ciudadana; fortalecer la democracia y contribuir a la modernización del Estado y la gestión pública.

De esta forma, el proceso de instalación del enfoque de género en el quehacer público, se ha dado en torno a tres enfoques conocidos como mujer en desarrollo, enfoque de género en desarrollo y enfoque de transversalización de género. Hacia éste último se han dirigido los esfuerzos; sin embargo, se considera que no reemplaza a los anteriores, sino que se agrega a ellos, debiendo acompañarse de políticas que aseguren la paridad y/o equilibrio de género dentro y fuera de lasinstituciones.

Qué se ha hecho para la transversalización del enfoque de género

Desde el año 1991 en Chile se inició la implementación de la Perspectiva de Género en las Políticas Públicas. Hasta el gobierno de la presidenta Bachelet la Estrategia de implementación de políticas públicas de género en el país (2006‐2010) se inspiraba en un Marco Político establecido a través de la Agenda de Equidad de Género del Gobierno que definía Prioridades Gubernamentales, y se aplicaba a través de una “Coordinación intersectorial y Transversalización del Enfoque de Género en el Sector Público” liderada por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Esta Agenda adoptaba la transversalidad, asumiendo la equidad de género como un bien público que debía cruzar el quehacer de los distintos organismos del Estado [1. Incluye  dos  grandes  áreas  de  compromiso  gubernamental:  los  “Compromisos  del  Gobierno  de  Chile  para  avanzar  en Equidad de Género” y la “Agenda Ministerial para la Equidad de Género”. Su implementación tiene directa relación con el Programa  de  Gobierno,  y  se  asocia  a  una  serie  de  mecanismos  de  transversalización  de  género,  como  son  el  Consejo  de Ministros, los compromisos ministeriales de género (con SEGPRES) y los compromisos asociados al PMG Sistema Enfoque de Género. A su vez, esta agenda tiene una expresión regional, a través de los mecanismos de las Comisiones PRIO (“Programas Regionales  de  Igualdad  de  Oportunidades”),  los  compromisos  regionales  y  los  asociados  al  Sistema  Enfoque  de  Género (SERNAM 2009. Orientaciones Político Técnicas del Departamento de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de la Mujer, para las Direcciones Regionales. Enviado por Correo electrónico el 14 de agosto de 2009).].

La estrategia de Transversalización del Enfoque de Género se utiliza para modificar la organización y gestión del sector público y, de este modo, incorporar criterios de equidad de género en todo el proceso de desarrollo de políticas [2. SERNAM 2009. Orientaciones Político Técnicas del Departamento de Coordinación Intersectorial del Servicio Nacional de la Mujer, para las Direcciones Regionales. Enviado por Correo electrónico el 14 de agosto de 2009.]. Dicha estrategia implica [3. Reyes,  Andrea.  2009.  SERNAM.  Presentación  en  Seminario:  “Transversalidad  de  Género”,  Bogotá,  11  Agosto  2009. Comunicación personal.] un enfoque sistémico, con la interacción entre sectores, instituciones y unidades de trabajo para el desarrollo del proceso; un abordaje integral, a través de estrategias que consideren el conjunto de aspectos que intervienen en la generación, efectos y reproducción de inequidades en todos los sectores, incluyendo los no tradicionales, y en todos los niveles.

Además, desde el año 2001 se ha incluido el enfoque de género en los Programas de Mejoramiento de la Gestión, con la incorporación del Sistema de Enfoque de Género. A través de él, se esperaba que las instituciones públicas planificaran sus productos atendiendo las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y pudieran reorientar recursos para aminorar las brechas entre los mismos. Asimismo, los servicios debían operar con procesos que promovieran e incorporaran la equidad de género; debiendo los propios funcionarios públicos, hombres y mujeres, incorporar dicho enfoque en sus prácticas.

Por otro lado, a partir del año 2009, el Sistema Enfoque de Género es integrado en el Programa Marco de la Calidad, que implica un proceso de desarrollo gradual transitando desde la certificación de procesos transversales básicos establecidos en los sistemas del PMG, ampliando el alcance de esta certificación a nivel nacional y a la certificación gradual de los procesos asociados a sus productos estratégicos (bienes y servicios) con el fin de contar con un Sistema de Gestión de Calidad Institucional.

Cuáles son los desafíos pendientes

Si bien, lo anteriormente dicho muestra que hay avances en la implementación del enfoque de género y en su transversalización, aún existen brechas y desafíos para alcanzar el objetivo.

La instalación del enfoque de género a través de los PMG, aseguró de manera muy efectiva la instalación de metas asociadas al enfoque. Además permitió, progresivamente, visibilizar brechas de género, generar procesos de análisis de las diferencias; instalar la necesidad de rediseñar los programas incorporando especificidades de género; y, en algunos sectores, generar procesos de análisis y diseño de su misión, propósitos y objetivos estratégicos a la luz de la perspectiva de género; aportando a la transversalización del enfoque. Sin embargo, también adoptó en muchos casos, la forma de un compromiso formal.

Así, uno de los desafíos pendientes, implica superar la concepción de “obligatoriedad” que supone la instauración de una política y estrategia de transversalización de género desde el Estado. Ello implica que las personas puedan comprender el sentido de dicha política, en términos de equidad, perspectiva de Derecho y calidad de los servicios y productos, en el marco de la modernización del Estado.

Ello cobra mayor relevancia, considerando que la instalación del Enfoque de Género conlleva cambios culturales de relevancia para las personas, instituciones, y en la prestación de bienes y servicios. Consideramos que esta dimensión es fundamental, ya que se refiere a las concepciones culturales que presenta el conjunto de la sociedad respecto a la perspectiva de género y que se constituyen en barreras, pues generalmente evidencia una actitud reactiva frente al abordaje del tema. Además, constituye una muestra clara de lo que el enfoque de género intenta revertir.

Una característica importante del proceso de instalación del género en las políticas públicas, es desde sus inicios ha sido liderado por el SERNAM. En particular, ello ha permitido posicionar este servicio y dotarlo de un relacionamiento intersectorial considerable. Asimismo, ha influido en la instalación y mantención del enfoque de género centrado en la mujer. Pese a que en la actualidad conviven estrategias propias de Mujer en Desarrollo y Género en Desarrollo, con una política de Transversalización de género, destaca que la mayoría de las perspectivas teóricas que sustentan el abordaje de los servicios públicos respecto al género, provienen de los Estudios de la Mujer y se dirigen a disminuir las inequidades que experimentan las mujeres. En este marco, constituye aún un desafío incorporar perspectivas teóricas y aplicadas que conciban también el relacionamiento de los géneros y la diversidad sexual como elementos del análisis de género, propios y necesarios; así como las propias necesidades derivadas de las masculinidades y otros géneros.

En el marco de la progresiva instalación del género en las políticas públicas, los mecanismos e instrumentos tendieron a instalar esta mirada principalmente en los procesos de provisión de servicios y productos. El desarrollo de la estrategia de transversalización ha permitido ir desplazando este foco y ampliarlo a los procesos institucionales y organizacionales asociados a género. Sin embargo, aún existe una brecha evidente con respecto a los análisis y diseño de acciones con perspectiva de género que se dirijan al interior de las entidades públicas. En este sentido, un desafío importante tiene que ver con la formación del recurso humano a cargo de esta transversalización, el que debe combinar competencias relativas al enfoque de género, pero también competencias de gestión que le permitan identificar procesos y ámbitos generales, no sólo asociados a bienes y servicios, en los cuales actuar desde un enfoque de género.

Un desafío fundamental, es que en muchos casos, las personas han logrado reconocer y entender el significado del enfoque de género, se le otorga valor y se percibe como una estrategia que mejora el trabajo institucional. Sin embargo, no se cuenta con las herramientas idóneas para su implementación; surge permanentemente la pregunta cómo se hace. Aquí, generalmente, se identifica que la manera de hacerlo es a través de una política institucional clara, que entregue directrices al conjunto de la institución para trabajar con enfoque de género. Pero también se requieren directrices técnicas necesarias para transversalizar el enfoque e incorporarlo a todo el quehacer institucional; partiendo de la base de las experiencias y aprendizajes ya desarrollados. Esto se relaciona directamente con las competencias ya señaladas que debe presentar el recurso humano a cargo de la implementación del enfoque.

Se observa que la instalación de la perspectiva de género se ha realizado principalmente a nivel central y regional. Se constata una instalación más débil en el ámbito municipal; asimismo, es el Poder Ejecutivo quien ha asumido esta tarea, sin embargo, la carencia de trabajo en el Poder Judicial y Legislativo son evidentes, y marcan una brecha que requiere resolverse, si se quiere contar con una política integrada y que funcione adecuadamente.

Otro desafío apunta a aprovechar de manera coordinada la actual variedad de mecanismos disponibles para la incorporación del género en las políticas del sector público, potenciando más intencionadamente la concatenación entre los distintos instrumentos de género disponibles. Podría, asimismo, potenciarse una mayor actividad intersectorial en un ámbito donde han primado las acciones intrasectoriales.

Los avances en la incorporación del enfoque de género, han estado principalmente centrados en la prestación de servicios a usuarios y usuarias; y, en menor medida, en las propias instituciones. Es decir, resulta necesario vincular el enfoque de género a procesos no relacionados directamente con los usuarios, como las capacitaciones, el diseño de nueva infraestructura y la asignación de presupuesto. Aquí un área importante es trabajar en el enfoque al interior de los organismos públicos, pensando en la condición de sus propios funcionarios, hombres y mujeres.

Existen elementos de contexto que requieren considerarse al proyectar género y políticas públicas en Chile. Uno de ellos se asocia a las consecuencias del cambio de gobierno. El gobierno de la Presidenta Bachellet tuvo una orientación específica para este tema, dándole un refuerzo y apoyo político profundo. Ello define el desafío y la incertidumbre de la sustentabilidad de los avances alcanzados. Se han previsto algunos mecanismos de sustentabilidad e institucionalización de las estrategias, cuyo efecto final no podemos evidenciar aún con el cambio de gobierno.

Otro elemento se relaciona con la aplicación del Tercer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2010‐2020 que sienta nuevas bases para el trabajo en género de la próxima década.

Finalmente, la incorporación definitiva del género en el Programa Marco de la Calidad, que sin duda está definiendo nuevos desafíos en la forma de incorporar el enfoque de género a los procesos de gestión de calidad, con la complejidad asociada a la estandarización de procesos y de oportunidad en función de las posibilidades de instalación de esta perspectiva en todos los procesos institucionales, es uno de los principales procesos a observar en el marco de la instalación del enfoque de género como una política de Estado, pero también como una acción en el marco de la actual administración.