Tanto en América Latina como en el resto del mundo la e-participación va en incremento, aunque aún es incipiente y queda mucho que aprovechar del potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para promover la e-participación con el objetivo de fortalecer la gobernanza y legitimidad de los gobiernos.

De acuerdo a los resultados de la encuesta 2010 de Naciones Unidad sobre E-gobierno, se puede ver que los gobiernos involucran a sus ciudadanos para la retroalimentación o consulta a través de sus sitios web; así, la mayoría de los sitios cuentan con sondeos, encuestas, botones de comentarios, entre otros. Sin embargo, se considera que esto es sólo la “punta del iceberg”, ya que la Web 2.0 (y la Web 3.0 en un futuro próximo) podría significar para los ciudadanos una vía de impacto directo en el quehacer del gobierno. La e-participación cambiaría la dinámica de relacionamiento entre el gobierno y los y las ciudadanos.

Las cifras de la encuesta señalan que Europa concentra el 51% de los países con mejor desempeño en e-participación, luego Asia con un 29%, le sigue América con un 14% y Oceanía con un 6%. La  República  de  Korea es la primera en el índice de e-participación seguida por Australia, España y Nueva Zelanda. Los países que encabezan la lista corresponden a países de ingresos medios.

Se evidencia que los gobiernos están empezando,  aunque  lentamente,  a  utilizar herramientas interactivas para promover el diálogo y recibir comentarios y aportes de los ciudadanos, así como entregar información y servicios en línea. Sin embargo, la generación de alternativas que permitan la participación para la toma de decisiones es la menos desarrollada.

Se puede apreciar así, que el e-gobierno es una alternativa que a nivel mundial va teniendo mayor protagonismo en el quehacer de los gobiernos, aunque aún incipiente. Sin embargo, la  e-participación presenta un desarrollo menor y se encuentra principalmente vinculada a la entrega de información, la respuesta a consultas y en mucha menor medida a la toma de decisiones.

Desde esta perspectiva, y en lo que respecta a nuestros países, la participación virtual presenta las mismas condiciones que la participación cara-cara promovida por los organismos públicos, esto es acotada, parcial y restringida principalmente a la entrega de servicios, de información y consulta más que a la incidencia en la toma de decisión en los asuntos públicos.

En este sentido, la pregunta por la profundización de la democracia, el tipo de democracia que se desea y la concepción de participación asociado a ello son fundamentales para avanzar en la e-participación; ya que las herramientas digitales están al servicio de los objetivos políticos y técnicos de los organismos de gobierno. Por ello, una de las preguntas fundamentales a trabajar es respecto al estado y desarrollo de nuestras democracias para avanzar en este sentido. Asimismo, profundizar en las características de lo que podemos denominar “la participación virtual” ¿recoge los mismos sentidos que la participación cara a cara o presencial, presenta las mismas motivaciones? ¿Cuáles son sus modos y estrategias de vinculación? Esto desde la perspectiva del Estado o los gobiernos como interesados en promover la participación, ya que los espacios de participación virtual generados, promovidos y apropiados desde los ciudadanos deben ser observados desde otras perspectivas al sustentarse en propósitos que provienen de los propios ciudadanos y ciudadanas.

Por otro lado, a estas consideraciones es necesario sumar otros desafíos, como facilitar el acceso a banda ancha, lo que significa generar acciones específicas en términos de tarifas y de infraestructura, para que no se constituya en una brecha más para la participación y un nuevo criterio de desigualdad –como ya está sucediendo-; generar capacidades, es decir, promover las competencias necesarias en la población para que pueda usar las opciones en línea tanto para sus necesidades de información como de incidencia, lo que incluye acciones de difusión de las herramientas disponibles hasta la habilitación de centros comunitarios de fácil acceso; por último, la decisión política de incorporar la e-participación como un elemento sustantivo del e-gobierno y las acciones de incidencia para la toma de decisión como un eje central de la e-participación, además de las acciones relativas a la entrega de información y a la generación de consultas en línea.