Si en la base del desarrollo territorial con pertinencia cultural se considera fundamental el enfoque de derecho, y con ello garantizar la participación e incidencia de quienes hacen parte del territorio en la toma de decisiones de la política pública que los afecte directa e indirectamente, entonces será indispensable acelerar los procesos de descentralización de la administración del Estado. Esto con el fin de que políticas, programas y planes públicos a nivel regional y provincial respondan a las decisiones estratégicas alcanzadas en lo local.

Si a lo anterior, agregamos los compromisos en materia internacional de derechos de los pueblos indígenas que el Estado de Chile ha adquirido, como el Convenio 169 de la OIT, que establece criterios para el relacionamiento de los estados con las poblaciones originarias y los territorios que éstas consideran de uso ancestral. Los compromisos adquiridos van más allá de la Consulta, tal vez el aspecto más conocido de este Convenio, reconociendo el derecho que tienen los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades en procesos de desarrollo.

Con todo ello, es que se profundizan las dificultades y barreras que hay para sortear una rígida centralización, tanto a nivel regional como nacional, que permite escasos programas y planes aplicados con pertinencia cultural y territorial. Lo que resulta aún más evidente cuando se trata de decisiones que afectan el devenir del pueblo Aymara en una zona extrema (fronteriza) de la Provincia de Parinacota.

De un modo u otro, la centralización (regional y nacional) de las decisiones estratégicas de desarrollo territorial también afecta a los otros pueblos indígenas reconocidos por ley por el propio Estado, además vulneraría derechos contemplados en el Convenio 169 de la OIT en cuanto a la participación y toma de decisión respecto a procesos de desarrollo que los afecte en su vinculación con el territorio que hacen parte.

Mientras ocurre la descentralización, existen decisiones de nivel local fundamentales para la vida cotidiana y desarrollo de las comunidades del pueblo Aymara de Putre y General Lagos (Visviri) en el extremo norte del país, que requieren solo de voluntad y capacidad de gestión con pertinencia cultural tanto de la institucionalidad pública comunal, provincial como regional, para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones respectivas. Así por ejemplo, mejorar la calidad de vida de las personas mayores que habitan la zona, a través de una dieta balanceada, promoviendo acciones que flexibilicen criterios de fiscalización aduanera para el ingreso de frutas, específicamente para el consumo de quienes habitan el lugar y que tienen un contacto frecuente con el otro lado de la frontera. Medidas de este tipo, contribuyen al reconocimiento de vínculos históricos entre las poblaciones aymara divididas por las fronteras nacionales, contribuyen al bienestar de las personas y no atentan contra la noción y seguridad del Estado nación.