La historia de la salud en Chile ha mostrado que por años ésta no ha sido considerada un derecho fundamental. Hasta fines del siglo XIX no existían políticas de salud gubernamentales para tratar las enfermedades. Solo, con la llegada de la viruela y el cólera se detonaría una decidida acción del gobierno, que significó pasar de la indiferencia a la instalación del Estado como la entidad rectora de la salud pública en el país. Así comenzó a asentarse la idea de «la responsabilidad y el deber social del Estado», cuya manifestación más elocuente fue la modificación de la expresión «Beneficencia» por la de «Asistencia Social».

Es así como en la Constitución de 1925 el derecho a la salud fue más bien incidental, ya que significó que la protección constitucional de ésta fuera para los trabajadores, motor industrial de la nación y no para toda la población. Desde 1925 hasta el año 1970 no existieron iniciativas explícitas tendientes a fortalecer el derecho a la salud. A excepción del año 1938 cuando el Ministro de Salud y Previsión Social, Salvador Allende, planteó la visión del derecho a la salud y el rol del Estado en la materia argumentando que «son los factores sociales, económicos y ambientales los que inciden directamente en la salud, y no la enfermedad la que genera pobreza”. Con ello se hace referencia por primera vez a las condiciones sociales que determinan la salud de las personas, por lo que instalar políticas públicas centradas en esas condiciones permitiría realizar intervenciones favorables sobre el bienestar de la población.

Por su parte, la dictadura militar impulsa un sistema de salud mixto (público y privado) que rige hasta nuestros días, y la Constitución de 1980 establece el “derecho a la protección de la salud”, donde cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, lo que para algunos se convierte en un privilegio más que en un derecho y para otros en la única alternativa, según el grupo social al que se pertenezca generando fuertes brechas en el acceso a la salud.

En tanto, la política sanitaria a partir de 1990, ha intentado disminuir las brechas sanitarias, buscando que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud que necesitan, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Es así, como la reforma de salud del año 2005 incorporó el Plan AUGE (Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas) el que a la fecha cubre 85 patologías y proporciona para ellas las garantías de acceso, oportunidad de la atención, cobertura financiera y calidad en los servicios de salud. Sin embargo, la desigualdad en salud sigue siendo un gran desafío, y dista de garantizar el derecho a la salud, eliminar las diferencias injustas y evitables en el estado de salud de las personas, poblaciones o grupos que viven en distintas condiciones socioeconómicas, demográficas o geográficas.

«Nadie debe enfermar o morir por ser pobre, o porque no pueda acceder a los servicios de salud que requiere»

La actual Constitución no garantiza de forma real el derecho a la salud, por lo que para una nueva Carta Magna se requiere incorporar la salud como un derecho esencial, donde el Estado garantice su acceso en toda forma y etapas del ciclo vital, desde el nacimiento hasta el fin de la vida. La atención de salud debe estar centrada en la persona, que es la materialización de los derechos humanos en la práctica clínica. La prevención de las enfermedades y la promoción de la salud deben constituir los pilares fundamentales de las políticas públicas de salud y el Estado debe asegurar la atención digna y de calidad, con respeto a la autonomía de las personas cuando éstas se encuentran en situación de enfermedad.

Nadie debe enfermar o morir por ser pobre, o porque no pueda acceder a los servicios de salud que requiere. Por ello necesitamos hacer de la salud un derecho fundamental para lograr una repercusión real sobre las inequidades en salud e intervenir sobre los determinantes sociales estructurales, a través de procesos profundos y de cambios sociales que produzcan resultados a largo plazo. Esto implica alcanzar un nuevo acuerdo social y un compromiso con las generaciones actuales y futuras con el fin de asegurar para ellas las condiciones que permitan un bienestar integral y el cuidado y protección adecuados cuando lo requieran, con las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.

QF Marcia Ibarra Hidalgo
MBA con Especialización de Salud

 

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