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Artículos enero 2017

Estado chileno y pueblos indígenas

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La relación del Estado chileno con los pueblos indígenas se ha caracterizado por una suerte de paradoja relativamente constante, que se manifiesta en una estrategia de aniquilación/invisibilización y en otra de reconocimiento. Esta paradoja se expresa en la actualidad desde distintas perspectivas y manifestaciones según el pueblo de que se trate y las circunstancias en las que éste se encuentra, así como de la institucionalidad del Estado que se relacione con el pueblo Aymara, Colla, Diaguita, Likan Antay, Quechua, Rapa Nui, Mapuche, Kawésqar y Yagán. En este sentido, es importante recordar que tanto órganos del llamado poder ejecutivo, judicial y legislativo tienen relación e impacto en dichos pueblos, pero también lo tienen las fuerzas armadas y de orden público, donde su presencia ha sido evidente no solo en su actuar represivo hacia las comunidades mapuche del sur del país, sino también en zonas aisladas y de frontera en el norte, en zonas extremas en el sur austral y en la frontera polinésica, a lo largo del proceso de instalación del Estado de Chile, adquiriendo cualidades sutiles también.

La estrategia de aniquilación/invisibilización ha sido frontal y concreta a través de la usurpación de territorios, la falta de cumplimiento de tratados internacionales y la utilización compulsiva de recursos a través de distintas empresas vinculadas al “desarrollo” (minería, forestal, salmonicultura, pesca industrial, entre otras). Empresas que llevaron incluso al exterminio a pueblos habitantes ancestrales de este territorio, como fue el caso de la colonización de los territorios australes. Lo que derivó a que en la actualidad se hable de “los últimos” -específicamente “la última” representante – en el caso del pueblo Yagán y Kawésqar.

La estrategia de reconocimiento, por su parte, se ampara en la ratificación de tratados internacionales –como el Convenio 169 de la OIT- la Ley indígena N°19.253, las políticas públicas implementadas y la posibilidad de un reconocimiento institucional. Destacando aquí, que el Estado entregue certificados para dar y reconocer la “calidad” de indígena de las personas.

Es decir, asistimos a un extraño escenario donde el Estado hace desaparecer a las personas indígenas y luego las hace aparecer. Lo verdaderamente interesante de esta situación, es que a través de esa caja negra de desapariciones/invisibilizaciones y apariciones, se espera que los indígenas surjan en las mismas condiciones en que fueron invisibilizados, es decir, como el Estado nación incipiente del siglo XIX los encontró, sin considerar los proceso de transformación, adaptación y resistencia que estos han enfrentado, llevándolos a la particular expresión cultural que son en el siglo XXI. Lo que para algunos no cumple con las expectativas de lo “indígena”, ya que les parecen muy parecidos a mestizas y mestizos chilenos.

En esta paradoja de eliminación/invisibilización y reconocimiento, el Estado ha debido responder a los estándares internacionales en materia indígena y también a las demandas y al propio desarrollo de las organizaciones de pueblos originarios en distintos periodos de su historia como Estado nación, acentuándose en los últimos 20 años. Sin embargo, esta tarea aún se encuentra inconclusa y enfrenta una tensión constante entre el avance de las demandas y la respuesta reactiva de la institucionalidad.

En este marco promover el conocimiento y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es central, así como su existencia como un legítimo otro con un devenir histórico particular y con la posibilidad de la autodeterminación y proyección de su propia forma de ser en el mundo.

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